La protesta de mujeres trans y trabajadoras sexuales realizada el viernes 9 de octubre de 2026 frente a la alcaldía Cuauhtémoc terminó en un enfrentamiento con acusaciones contrapuestas de agresiones físicas, daños materiales y uso excesivo de la fuerza. Mientras colectivos denunciaron una intervención represiva del personal de seguridad, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que las manifestantes atacaron a trabajadoras y provocaron destrozos en las instalaciones. Hasta el momento, las versiones difundidas no permiten establecer de manera concluyente cómo ocurrieron los hechos ni determinar responsabilidades.
La colectiva Justicia Histórica Trans calificó la actuación durante el operativo como un “intento de asesinato” y afirmó que más de 13 personas resultaron lesionadas. Por su parte, organizaciones como Red Rompe el Miedo reportaron presuntos golpes con objetos contundentes y el uso de polvo de extintores contra manifestantes y periodistas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con las denuncias de las organizaciones, la movilización tenía como objetivo exigir justicia por una agresión previa relacionada con una jornada de salud sexual en la zona de Calzada de Tlalpan, vinculada con el Hotel Maga. El reclamo colocó nuevamente en el centro de la discusión las condiciones de seguridad, la atención institucional y la protección de los derechos de las mujeres trans y las trabajadoras sexuales.
La versión de la alcaldía: agresiones contra trabajadoras y daños materiales
Alessandra Rojo de la Vega rechazó la versión de los colectivos y aseguró que un grupo de manifestantes llegó con palos y piedras, con los que presuntamente agredió a personal de la demarcación. Entre las personas señaladas como víctimas se encontrarían la directora jurídica de la alcaldía y una trabajadora adulta mayor.
La alcaldesa también denunció daños a las instalaciones y la destrucción o sustracción de equipos de cómputo. Según su versión, la intervención policial respondió a la necesidad de controlar un incendio en la explanada y evitar que las personas que participaban en la protesta ingresaran a oficinas donde había trabajadores.
La titular de la demarcación informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). La existencia de una denuncia, sin embargo, no constituye por sí misma una determinación judicial sobre los hechos ni acredita automáticamente la responsabilidad de las personas señaladas.
Uso de la fuerza y responsabilidades, pendientes de esclarecer
El enfrentamiento plantea dos asuntos que requieren una investigación independiente y verificable: las presuntas agresiones contra el personal de la alcaldía y el uso de la fuerza pública contra quienes participaban en la protesta. Ambos deben esclarecerse mediante testimonios, registros audiovisuales, partes médicos y demás elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.
Las denuncias de las organizaciones civiles sobre lesiones a manifestantes y periodistas requieren atención de las autoridades competentes. De igual manera, las acusaciones de la alcaldía sobre ataques contra sus trabajadoras y daños a bienes públicos deben investigarse con criterios objetivos, sin asumir que una de las versiones es verdadera antes de contar con pruebas suficientes.
La FGJ-CDMX deberá determinar, dentro de sus atribuciones, qué conductas pueden constituir delitos y quiénes serían responsables, mientras que las instancias competentes tendrán que revisar la actuación de los elementos de seguridad y el cumplimiento de los protocolos aplicables. La investigación también debe distinguir entre las acciones individuales y el conjunto de personas que acudieron a la movilización.
El caso generó reacciones políticas de respaldo a Rojo de la Vega por parte de actores del PAN y el PRI, mientras organizaciones civiles demandaron que se investigue el uso de la fuerza pública. Estas posturas reflejan la disputa política alrededor del episodio, pero no sustituyen las pruebas ni los procedimientos necesarios para esclarecer las responsabilidades.
Más allá de las acusaciones cruzadas, el incidente deja preguntas sobre la capacidad de las autoridades para atender protestas relacionadas con presuntas agresiones previas, garantizar la integridad de las personas manifestantes y proteger tanto a trabajadores como a periodistas. La actuación institucional debe evaluarse a partir de evidencias y protocolos, no únicamente de las declaraciones de las partes involucradas.
Hasta ahora, no se cuenta con una resolución judicial ni con una investigación concluida que permita establecer una versión definitiva de los hechos. El esclarecimiento dependerá de que las autoridades documenten las lesiones denunciadas, determinen las circunstancias en las que se produjeron los daños y hagan públicas las conclusiones correspondientes, respetando el debido proceso y los derechos de todas las personas involucradas.
