Por Juan Pablo Ojeda
El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció que existen casos de desvío de medicamentos de hospitales y centros de salud públicos para su venta ilegal, una práctica que puede afectar la disponibilidad de tratamientos para los pacientes. Sin embargo, aclaró que no se puede responsabilizar de manera general al personal médico, de enfermería ni a los trabajadores sanitarios por el desabasto.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada el martes 20 de octubre, el funcionario explicó que las autoridades tienen expedientes documentados sobre la comercialización de fármacos que deberían entregarse gratuitamente en las instituciones públicas. También señaló que existen otros casos que requieren investigaciones para establecer cómo salen los medicamentos de las unidades médicas.
Clark indicó que algunos productos identificados como propiedad exclusiva del sector salud terminan a la venta fuera de los hospitales, incluso en establecimientos cercanos. Por ello, el Gobierno federal busca fortalecer los mecanismos de vigilancia para detectar irregularidades y evitar que los insumos adquiridos con recursos públicos se comercialicen ilegalmente.
Como primera medida, las cajas de medicamentos gratuitos incluirán una identificación visible con la leyenda “La salud es un derecho, medicamento gratuito”. El objetivo es que los pacientes puedan reconocer los productos destinados exclusivamente a la atención pública y denunciar si encuentran estos fármacos a la venta en tianguis o farmacias privadas.
La segunda medida consiste en digitalizar los sistemas de salud para rastrear los lotes de medicamentos desde su adquisición hasta los lugares donde son distribuidos. De acuerdo con Clark, esta herramienta permitirá conocer el origen de los productos y las unidades médicas a las que fueron enviados, con el propósito de identificar posibles irregularidades en su manejo.
El subsecretario destacó que la trazabilidad será especialmente importante para los medicamentos de alto costo, algunas cajas de los cuales superan los 200 mil pesos. Mediante el registro digital, las autoridades buscarán determinar a quién se entregó cada producto y esclarecer las circunstancias en las que pudo terminar fuera de una institución pública.
Además del desvío de fármacos, el Gobierno ha señalado el incumplimiento de empresas proveedoras como otro de los factores que afectan el suministro de medicamentos e insumos médicos. Las entregas incompletas o fuera de los plazos establecidos dificultan que hospitales y centros de salud cuenten oportunamente con los productos necesarios para atender a sus pacientes.
Para enfrentar estos problemas, la administración federal ha impulsado compras anticipadas de medicamentos y material de curación, así como la revisión de los contratos con proveedores. La estrategia busca mejorar la planeación de las adquisiciones y dar mayor margen a las empresas para cumplir con sus compromisos de entrega durante los próximos ejercicios presupuestales.
El Gobierno federal sostiene que estas acciones permitirán fortalecer el control de los inventarios, reducir las irregularidades y mejorar la distribución de medicamentos en el sistema público. La compra prevista para 2027 forma parte de ese esfuerzo, aunque las autoridades deberán mantener la supervisión de los contratos y el seguimiento de los insumos para que los productos lleguen efectivamente a los pacientes.
