Por Juan Pablo Ojeda
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a las autoridades mexicanas investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza policial durante la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, donde ciudadanos protestaron contra la mala calidad del agua potable.
Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, expresó preocupación por los reportes sobre el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios para dispersar a los manifestantes.
La representante internacional llamó a realizar una investigación pronta e independiente para esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y garantizar que las actuaciones de las corporaciones de seguridad respeten los derechos humanos.
La movilización reunió a habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara que exigieron soluciones al problema del agua contaminada que llega a sus hogares. La protesta se desarrolló el domingo 11 de octubre y derivó en enfrentamientos entre policías y participantes.
De acuerdo con los reportes sobre los acontecimientos, las autoridades detuvieron a 39 personas y se registraron personas lesionadas, entre ellas manifestantes y elementos de seguridad. Los incidentes ocurrieron en las inmediaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro.
Tras los hechos, el mandatario estatal reconoció que hubo errores y deficiencias en el operativo policial y señaló que se identificaría a los agentes que hubieran incurrido en conductas indebidas para aplicar las sanciones correspondientes.
Por su parte, familiares, colectivos y representantes legales de algunas personas detenidas denunciaron presuntas irregularidades durante las detenciones y posibles agresiones bajo custodia. También exigieron que se respeten el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada.
La relatora de la ONU pidió además evitar discursos que estigmaticen a quienes ejercen sus libertades fundamentales. El organismo recordó la importancia de garantizar el derecho a la reunión pacífica y de que cualquier uso de la fuerza por parte de las autoridades se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos.
El pronunciamiento internacional se suma a las exigencias de organizaciones civiles para esclarecer lo ocurrido durante la protesta. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias de las detenciones, el uso de los instrumentos de dispersión y las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.
